Diputados oficialistas y opositores presentaron un proyecto que propone reprimir con penas de 3 meses a 1 año de prisión, a quienes ejerzan violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o profesionales de la salud, y establece de 1 a 3 años de prisión si esas acciones tuvieran como objetivo impedir la interrupción legal de un embarazo en casos no punibles.
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